Claudia Paz y Paz es especialista en derecho penal y es una activista de derechos humanos que ha trabajado incansablemente durante más de 18 años en la reconstrucción del sistema de justicia en Guatemala. Fue la fiscal general del país de 2010 a 2014 y brindó esperanzas de justicia a las personas que tanto han sufrido.
 

Nació en 1967 y proviene de un país conocido por su exportación de bananas, sus profundas desigualdades y la espantosa violencia que la ha desgarrado durante más de medio siglo. Un país de tamaño modesto pero grande en sus hombres y mujeres que luchan por la justicia y la paz, como Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992.

Guatemala es el país centroamericano con el mayor porcentaje de población indígena (más del 60%, según algunas fuentes). En este país de 17 millones de habitantes que es un poco más grande que Portugal, existen 20 pueblos indígenas. La guerra civil que asoló el país entre 1962 y 1996 provocó la muerte de, aproximadamente, 200.000 personas, cuya gran mayoría eran indígenas y fueron asesinados durante el pico de violencia que se dio entre 1981 y 1983. Según una investigación realizada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, más del 90% de las violaciones fueron cometidas por las fuerzas estatales y más del 80% de las víctimas eran indígenas.  

Como joven abogada, Claudia Paz y Paz se inspiró en el obispo católico Juan José Gerardi. Este gran defensor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas mayas fue asesinado por el ejército en 1988 y sigue siendo motivo de admiración para ella aún hoy. “Pertenezco a una generación que nació durante la guerra y creció sin modelos a seguir porque la mayoría de los intelectuales y opositores fueron asesinados o exiliados”, explica refiriéndose a sus primeros pasos como activista de derechos humanos.

“Había cientos de miles de refugiados que huían a México de sus pueblos que fueron destruidos en nuestro país. La gente tenía miedo de testificar sobre lo que había sufrido. Era demasiado reciente”, recuerda. Esta valiente y humilde mujer que cree firmemente,en la importancia de la defensa de los derechos humanos, en el camino conoció a otras personas que la apoyaron en esta lucha dándole fuerzas para enfrentar la injusticia.

Como ex fiscal general de Guatemala, también la primera mujer, tiene varios registros, entre ellos, el arresto de cinco de los diez criminales más buscados en su país durante su mandato. También ha contribuido a reducir, drásticamente, las tasas de femicidios y la violencia contra las mujeres. En los últimos años, sin embargo, esas terribles tasas han vuelto a aumentar.

En diciembre de 2011, el Grupo Internacional Crisis y la secretaria de estado Hilary Clinton honraron a Claudia Paz y Paz junto con otras tres mujeres en reconocimiento a su dedicación en la promoción de la paz y la justicia en las regiones del mundo más afectadas por la guerra. En 2012, la revista Forbes la nombró como una de las “Cinco mujeres más poderosas que están cambiando el mundo”. También fue considerada candidata para el Premio Nobel de la Paz en 2013.

Sus investigaciones de varios casos penales en Guatemala fue una lucha constante. Se distinguió por procesar a los perpetradores de la masacre de Dos Erres, condenados a cadena perpetua por cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013 y al ex lider del país, Efraín Ríos Montt, responsable de múltiples atrocidades y violaciones de derechos humanos, principalmente, la política “tierra arrasada”, que resultó en la destrucción de 440 aldeas y la muerte de 200.000 mayas, masacrados o arrojados desde helicópteros al Océano Pacífico.

Durante los juicios, Claudia Paz y Paz se basó, en gran medida, en los archivos existentes pero tuvo que enfrentar innumerables obstáculos administrativos para asegurar que las víctimas tuvieran, finalmente, su derecho a la justicia. “Había más de 100 testigos y evidencia irrefutable de la violencia sexual cometida durante el genocidio. Las víctimas de la violencia sexual sufrieron tanto que no quisieron declarar abiertamente en el juicio de Ríos Montt. Los grabamos con cámaras y sus testimonios fueron fundamentales”, recuerda. “Tuve el privilegio de acompañar a los sobrevivientes del genocidio que luchan por la justicia. Siento un profundo agradecimiento porque confiaron en mí cuando era muy difícil confiar en los funcionarios públicos para llevar adelante esta labor de investigación de la verdad de los crímenes. Precisamente, esta gratitud es la fuente de mi compromiso. Les agradezco por su confianza y su lucha por la justicia”.

Los reconocimientos internacionales no han afectado su vida diaria ni su forma de trabajar. Ella permanece profundamente humilde y se siente impulsada por la urgencia de cumplir su misión. Actualmente, los mayores desafíos que enfrenta es la lucha contra la impunidad y la violencia contra las mujeres y sigue muy de cerca la defensa de los pueblos indígenas.

En este momento, Guatemala, Honduras y Nicaragua experimentan el auge de las industrias extractivas que afectan los territorios y ecosistemas de estas comunidades vulnerables. Sin embargo, la magistrada continúa denunciando los crímenes perpetrados contra los indígenas que luchan por su dignidad y contra las expropiaciones. “Estamos viviendo un notable retroceso en la lucha contra la impunidad. Los fiscales y jueces que luchan contra los grupos poderosos se enfrentan a líderes corruptos y, a su vez, están preocupados”, explica Claudia Paz y Paz.

Las víctimas de todo tipo de atrocidades, a veces cometidas por los soldados guatemaltecos y migrantes centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos, también son objeto de su preocupación. La pandemia ha aumentado el sentimiento de exclusión social y ha agravado una situación ya dramática que también afecta a los migrantes guatemaltecos a México. “La falta de un sistema de protección adecuado para estas personas confirma la necesidad de dar a conocer esta situación a la comunidad internacional que tiene que desempeñar su rol”, dice Claudia con convicción y agrega que si los Estados Unidos y Europa “alzaran su voz en defensa de los derechos humanos, tendría un impacto innegable. Podría garantizar el respeto del estado de derecho”.

En Guatemala, donde la vida política está dominada por partidos de derecha, criticar el papel del ejército o defender los derechos humanos muchas veces expone a uno a la acusación de “comunismo” que, en sí mismo, es considerado un delito. A pesar de todo el trabajo que ha hecho por su nación, Claudia Paz y Paz fue expulsada y vive en San José, la capital de Costa Rica, ya que el gobierno guatemalteco ha iniciado un proceso penal en su contra. Desde 2018 lidera el programa Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización que defiende los derechos humanos en la región centroamericana.

Profundamente comprometida con la defensa de la dignidad humana, Claudia Paz y Paz continúa su lucha con confianza y humildad, impulsada por el recuerdo de los muertos insepultos que acechan su país y el dolor de quienes son perseguidos y discriminados en la actualidad.