Recientemente, los titulares internacionales han mencionado a la comunidad musulmana rohinyá como “la minoría más perseguida del mundo”, pero el abogado y activista de derechos humanos, U Kyaw Hla Aung, ha vivido la dura realidad de la persecución de este grupo étnico desde principios de 1980. Asolado por la discriminación, la corrupción y la desigualdad sistemática, la comunidad rohinyá continúa sufriendo la opresión y la violencia política. Armado con un poco más que su conocimiento de la ley y una determinación incansable, Aung ha tenido éxito en su lucha contra las desigualdades del sistema de Myanmar y en la ayuda de sus hermanos y hermanas rohinyá para buscar justicia.
Después de trabajar durante 24 años como taquígrafo, Aung no soportó más los prejuicios étnicos y religiosos que sufría su pueblo: a partir de 1982 se promulgó una Ley de Ciudadanía que excluye a los rohinyá como grupo étnico, por ende, quedaron sin un Estado y sin ciudadanía en las tierras que consideraban su hogar. Las políticas discriminatorias como esta motivaron a Aung a defender los derechos del pueblo rohinyá, elección por la cual estuvo preso un total de 12 años, entre 1986 y 2014. A lo largo de este período, la familia de Aung sufrió pérdidas económicas y hasta se le impidió asistir al funeral de su hija mayor, a pesar de los reiterados pedidos de sus familiares.
Hoy, a los 78 años, Aung ha sido testigo y ha sentido en carne propia las consecuencias de las sofocantes regulaciones infligidas constantemente a la comunidad rohinyá. A este pueblo se le niega el acceso a la educación, la actualización de infraestructura y el libre tránsito. Como resultado, los rohinyá han sido abandonados y sus gritos de ayuda han sido ignorados.
En el pasado, muchas personas de origen musulmán, incluso aquellos que no formaban parte de la comunidad rohinyá, ocupaban puestos importantes y de alto rango en el gobierno, la policía, el sistema legar, la comunidad médica, en instituciones educativas e, incluso, en el ejército. Pero según cuenta Aung, hace años que el gobierno dejó de aceptar las solicitudes de los musulmanes para este tipo de trabajos, coartando los derechos y la representación de muchos rohinyá. Hoy, la comunidad rohinyá es prisionera en su propio país, se les restringe la libre circulación, sus tierras son confiscadas, son extorsionados y sufren una vigilancia permanente.
“Es muy difícil tener maestros apropiados porque todos los docentes calificados trabajaban para las ONGs, donde cobraban un salario más alto. La comunicación es muy mala. Todos los caminos están estropeados. No se suministra electricidad al área donde viven los musulmanes y no puedo ir a mis propias tierras”, explica Aung. “Hay dos puntos de control. Si quisiera ir al centro o a la oficina de inmigración del Estado, tengo que obtener el permiso de la oficina de seguridad para tener protección policial. Si obtuviese el permiso, debería abonar 25.000 kyats (o 19 dólares), para cubrir sus gastos de viaje”.
Pero esta no es una situación que sólo sufre Aung. Casi un millón de rohinyás huyeron de Myanmar desde finales de los años 70 y muchos de los que se quedaron viven en campos de desplazados internos en Sittwe, la capital del estado de Rakáin, en Myanmar, donde las condiciones ponen aún más vidas en peligro.
“Los musulmanes que están en Sittwe han sido más restringidos aún después de los acontecimientos anti-musulmanes de 2012”, explica Aung. “No puedo trabajar abiertamente. No puedo viajar libremente. No puedo hablar abiertamente. Las autoridades no escuchan mi voz y el gobierno no pregunta por nuestro padecimiento”.
Este sufrimiento que muchos reclaman, proviene del mismo gobierno. Las tropas gubernamentales han sido acusadas de abusos de los derechos humanos, incluyendo asesinatos, violaciones, secuestros e incendios provocados intencionalmente, pero el gobierno niega reiteradamente estas acusaciones.
Los 12 años de encarcelamiento de Aung fueron consecuencia de protestas pacíficas. La primera vez que lo detuvieron fue cuando el gobierno que intentó confiscar las tierras de los rohinyá y, frente a esto, Aung redactó y presentó una petición legal. Por este caso, estuvo preso durante dos años y no fue liberado hasta que sus compañeros derribaron la prisión en la que permanecía, durante una manifestación masiva en 1998.
Décadas y casi una docena de detenciones más tarde, Aung se niega a renunciar a la esperanza de su comunidad y trabaja incansablemente para mejorar las oportunidades educativa para su pueblo, tanto para los jóvenes como para los mayores. Y, para ello, Aung tiene que lidiar con muchos y grandes obstáculos: proveerle el salario a los docentes, conseguir muebles para las escuelas y medios básicos de transporte. Sin embargo, él persevera.
La lucha en Aung por la educación se ve impulsada por su presagio de daño inminente: permitir que el gobierno niegue la educación para su pueblo, es permitirle discriminar a los rohinyá. “Las autoridades han intentado convertir a todos los musulmanes en analfabetos para que sean pobres. Es su política hacer que la gente sea analfabeta para que puedan acusarlos de no tener educación, de ser inmigrantes de Bangladesh”, explica. “[Sin educación] la gente tiene miedo de hacer preguntas sobre sus derechos”.
Además de lo difícil que es este trabajo para Aung, también puede ser aún más complejo para su familia: tienen poco para comer y no tienen a dónde ir cuando él está en prisión. “Mis hijos no tenían suficiente ropa, libros, otros materiales ni paraguas para ir a la escuela”, recuerda.
Pero la difícil situación de su pueblo impulsa a Aung a seguir con su trabajo y ve la educación como la clave para romper con el ciclo de abusos. “Principalmente, necesitamos más docentes e instalaciones para poder mejorar el sector de la salud”, señala Aung. “De 500 a 1.000 personas podrían morir cada año si no tienen un buen sistema de salud, pero toda la comunidad moriría dentro de unos años si no hay una buena educación”.